I. ¿Cuál es la visión de desarrollo social integral que tiene en mente para México?
El enfoque de desarrollo social que implantaremos se basa en garantizar el cumplimiento pleno, goce y efectividad de los derechos humanos con el propósito de construir una país con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión comunitaria e integración social, en pocas palabras lograr que todos los ciudadanos, prioritariamente los que históricamente han estado excluidos del desarrollo sean ciudadanos con plenos derechos. Partimos de la concepción de que la política social asistencialista basada en la focalización y asignación de subsidios condicionados está agotada ya que, a pesar de que ha contenido el crecimiento de la pobreza extrema, el número de personas en condiciones de vida precarias es casi idéntico al que había hace 25 años: 20.5 millones de personas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, cifra muy cercana a la que se tenía en 1992. Es así, que además de políticas de contención del crecimiento de la pobreza extrema, nos proponemos detonar, mediante políticas públicas transversales, procesos de desarrollo local que mejoren la infraestructura social, educativa, salud, vivienda, la inclusión financiera y productiva de las personas que han estado al margen del desarrollo de nuestro país. Con esa misma orientación contemplamos fomentar mecanismos de diálogo y reconstrucción de la confianza, mediante la apertura de espacios de participación social, rendición de cuentas y deliberación comunitaria, la generación de habilidades sociales y el mejoramiento de la cohesión social.II. ¿Cómo se inserta la propuesta concreta dentro de esta visión de desarrollo social?
La política de desarrollo social de nuestro gobierno será una política potenciadora de las capacidades de las personas, reconociéndolas como constructoras de su propio progreso. La nueva función del Estado será como potenciador de procesos de desarrollo local incluyente de largo plazo. Esto implica la instrumentación de proyectos de desarrollo local y economía social en los municipios con mayor grado de marginación y pobreza del país para convertirlos en territorios productivos que generen ingresos sostenibles para sus habitantes, que reconstruyan el tejido social y empoderen a las personas, quienes dejarán de ser tratadas como objetos de la política o simples “cifras o folios” y pasaran a considerarse, como lo que son, ciudadanos con derechos. Con estas acciones nos comprometemos a mejorar la infraestructura social, de salud, educativa y de vivienda así como a aumentar el ingreso de la población en situación de pobreza rural y urbana, en los municipios de muy alta y alta marginación o con amplia concentración de pobreza, las cuales han recibido recursos de programas vía transferencias condicionadas por largos periodos, sin que esto haya servido para mejorar su situación de manera sostenida y con ello salir de la marginación y pobreza.III. ¿Cómo ayuda esa propuesta a solucionar la fragmentación de la protección social en el país?
En México no existe un sistema de protección social articulado y consolidado como sí existe en países de similares condiciones de desarrollo como Chile y Brasil, por ello construiremos las bases para que de manera progresiva se construyan mecanismos de protección social, priorizando a los grupos poblacionales en mayores condiciones de pobreza y marginación desde un enfoque territorial y participativo. Dentro de los elementos de este esquema de protección social se encuentran los siguientes: a) Se buscará garantizar la efectividad del derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la infraestructura de centros educativos de los tres niveles; aumentar la calidad docente mediante incentivos positivos a la formación y a la capacitación, así como el sistema más ambicioso de inclusión juvenil de la historia del país: Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual pretende atender a casi 300,000 jóvenes que se encuentran fuera del ámbito escolar y 1,200,000 fuera de ámbito laboral. b) El cumplimiento del derecho a la salud mediante el aumento de la inversión pública en el sector, la implantación de esquemas de salud preventiva, el mantenimiento de la infraestructura médica comunitaria y el desarrollo de posibilidades de acceso a personas en condiciones de dispersión poblacional. c) El desarrollo de proyectos locales de economía social y de inclusión financiera que permitan aprovechar las capacidades productivas de las personas en condiciones de pobreza y marginación y abrir la posibilidad de ahorro, créditos accesibles y subsidios puntuales ligados a actividades productivas. d) El rescate a comunidades, ejidos y pequeñas propiedades con programas productivos como la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales; los créditos ganaderos a la palabra y la gestión comunitaria de bienes ambientales como las selvas y los bosques, lo anterior con el respaldo y vinculación con universidades, centros de investigación y el apoyo al extensionismo, el servicio social y residencias profesionales. e) Aprovechamiento de las redes de abasto y suministro como DICONSA y LICONSA para estructurar circuitos de producción y consumo local que permita detonar procesos microeconómicos que redunden en bienestar económico y social. f) Acciones de mejoramiento de calidad de la vivienda y dotación de servicios para que cumplan con las condiciones idoneidad en pleno respecto a la construcción social de hábitat y combatan la marginación. g) Reconocimiento de la relevancia de las labores de cuidado en la vida social y, con ello, la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes que atienden sus distintas actividades relacionadas como la red de estancias infantiles y la implementación de nuevos como un sistema nacional de guarderías infantiles para padres trabajadores y casas de día para personas de la tercera edad. h) La universalización del Programa de Pensión a Adultos Mayores y su aumento progresivo hasta llegar a más del doble ($1,500.00 pesos al mes), lo que estaría por encima de lo establecido en la línea de bienestar, constituyendo así una pensión universal no contributiva. i) El rediseño institucional y programático desde una visión transversal y de derechos de las instituciones encargadas de políticas para grupos poblaciones prioritarios como los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres, los niños, adultos mayores, poblaciones migrantes y jornaleros agrícolas.IV. ¿Cuál es el diagnóstico que sustenta esa propuesta?
México es uno de los países más grandes y con mayor potencial económico en el mundo. Formamos parte del 10 por ciento de los países con más alto Producto Interno Bruto (PIB); somos la economía número 15 en consumo, inversión y exportaciones, pero al mismo tiempo ocupamos la posición 112 según el coeficiente de GINI, que mide la distribución del ingreso, lo cual nos ubica como uno de los países más desiguales del planeta. Lo anterior obedece, en gran medida, a políticas que han fomentado la desigualdad y que no han buscado garantizar la efectividad de derechos, sino el cumplimiento de mínimos de subsistencia, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones la generación de clientelas. Todo ello, sin fomentar el proceso de desarrollo integral de las personas y sus comunidades, sobre todo desincentivando las capacidades y vocaciones productivas de los ciudadanos y sus territorios. Si bien la disminución de la pobreza y pobreza extrema no es exclusivamente responsabilidad de la política social, ya que existen factores económicos que influyen directamente en ella como el crecimiento económico, la inflación, el salario real, etcétera. La experiencia nos muestra que apostar exclusivamente a las políticas de focalización individual sirve para mantener a las personas en condiciones de subsistencia mínimas, ya que el apoyo prácticamente se entrega para el consumo, pero no para generar prosperidad y hacer efectivos los derechos sociales. Existen algunos datos que orientan este diagnóstico como los siguientes:- Las trasferencias condicionadas no han resuelto el problemas de la pobreza en el país, tan solo entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas al pasar de 49.5 a 53.4.
- 53.4 millones de personas viven en pobreza, 44 millones en pobreza moderada y 9.4 millones de personas en pobreza extrema, lo que representa el 43.6 % de la población del país.
- 41% de los trabajadores en México no pueden adquirir la canasta alimentaria, no obstante que dediquen todo su ingreso a ello.
- Según la OCDE, 7.9 millones de jóvenes en 2015 no estudiaban ni trabajaban, como sociedad hemos fracasado en incluirlos. Desde 1997 a 2015, las cifras son casi idénticas.
- Según cifras de UNICEF, 21 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y el 91% de niños indígenas vivan en hogares pobres.
- En 2017 la inflación creció como no lo había hecho en los últimos 20 años, afectando el poder adquisitivo de los mexicanos.
- De acuerdo con el Informe de Evaluación CONEVAL , la tasa neta de escolarización es 86.2 por ciento en secundaria. La deserción escolar en nivel medio y superior está relacionada con recursos económicos insuficientes en el hogar. El informe también señala que el grupo más vulnerable de población en México son las mujeres indígenas que viven en el sector rural.