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En 1992, Juan Rivera fue detenido por la violación y asesinato de una niña de 11 años en Waukegan, Illinois. La noche del asesinato, Rivera llevaba una pulsera electrónica en el tobillo en relación con cargos de robo no relacionados, y esta pulsera mostraba que había estado en casa. Sin embargo, basándose en un chivatazo, la policía decidió detenerle.
Rivera tenía un coeficiente intelectual bajo y un historial de problemas emocionales, que los psicólogos sabían que le harían muy sugestionable. La policía decidió ignorarlo cuando le interrogó durante varios días y le mintió sobre los resultados de la prueba del polígrafo. Al final del cuarto día, tras haber soportado más de 24 horas de interrogatorios por parte de al menos nueve agentes diferentes, Rivera firmó una confesión. Sin embargo, su primera confesión fue inexacta, por lo que la policía siguió interrogándole hasta que acertó.
Las confesiones tienen un poder extraordinario, por lo que la policía lo creyó a pesar de la falta de pruebas físicas. Lo mismo hizo un jurado, que declaró culpable a Rivera, y un juez, que lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2005, las pruebas de ADN excluyeron a Rivera como fuente del semen recuperado del cadáver. Pero el fiscal ideó la teoría de que la víctima, de 11 años, había mantenido relaciones sexuales con otro hombre anteriormente, y que Rivera no eyaculó cuando la violó después de eso. Un jurado declaró culpable a Rivera por segunda vez. Finalmente, tras otra apelación en 2011, los abogados de Rivera consiguieron ponerlo en libertad. Había estado encarcelado injustamente durante casi 20 años.
El caso de Rivera representa un trágico error judicial. Visto de otro modo, también es el resultado de la mala ciencia y del pensamiento anticientífico: desde el interrogatorio coercitivo de la policía a una persona vulnerable, hasta la aceptación por parte del jurado de una confesión falsa por encima de las pruebas físicas, incluido el ADN.
Desgraciadamente, el caso de Rivera no es único. Cientos de personas inocentes han sido condenadas por la mala ciencia, lo que ha permitido que un número igual de autores queden en libertad. Es imposible saber con qué frecuencia ocurre, pero el creciente número de exoneraciones relacionadas con el ADN apunta a que las condenas falsas son un daño colateral de nuestro sistema jurídico. Parte del problema tiene que ver con los fallos forenses: al contrario de lo que podemos ver en los programas dramáticos de CSI de la televisión, pocos laboratorios forenses son punteros, y no siempre utilizan técnicas científicas. Según la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., ninguna de las técnicas forenses tradicionales, como la comparación de cabellos, el análisis de marcas de mordeduras o el análisis balístico, puede considerarse ciencia rigurosa y reproducible. Pero no se trata sólo de la ciencia forense: la mala ciencia está presente en todo nuestro sistema jurídico, desde la forma en que la policía interroga a los sospechosos hasta las decisiones que toman los jueces sobre la admisión de determinadas pruebas en los tribunales.
Hace más de 50 años, C P Snow, científico y novelista británico, advirtió que la división entre “dos culturas” -la ciencia y las humanidades- dificulta la resolución de los problemas del mundo. También hay un problema de “dos culturas” en nuestros sistemas jurídicos, en las metodologías opuestas de la ciencia y el derecho. El método científico implica hacer observaciones, construir una hipótesis y probar esa hipótesis con un experimento que otros puedan repetir. Puedes confiar en tus resultados si otros pueden reproducirlos.
El método jurídico implica elaborar un argumento. Encargados de llegar a un veredicto, los profesionales del derecho reúnen información con arreglo a estrictas normas probatorias y la someten a un riguroso contrainterrogatorio. Para orientarse, recurren a los precedentes: puedes confiar en tu teoría jurídica si los tribunales anteriores la han aprobado. De este modo, la práctica jurídica tiende a avanzar más lentamente que la ciencia. La brecha entre las dos metodologías -investigación frente a argumentación, pruebas frente a precedentes- es donde a veces pueden caer inocentes.
La ciencia y el derecho siempre han tenido una relación incómoda. Pero con la creciente importancia de la ciencia forense en los tribunales y de los métodos científicos en la persecución de los delitos, se ha vuelto fundamental casar ambas disciplinas. La cuestión es, ¿cómo?
La ciencia ha estado entrelazada con la ley casi desde que existe el juicio con jurado. Los registros muestran que ya en el siglo XVII se llevaba a los médicos a los tribunales para que dieran su opinión como expertos, por ejemplo, sobre cuánto tiempo después de la muerte de su marido podía una mujer tener un hijo. A mediados del siglo XIX, se llamaba a expertos de ambos lados del Atlántico para que testificasen sobre diversos temas, como los signos químicos del envenenamiento y el estado mental de los acusados de asesinato.
Pero lo que realmente llevó la ciencia a los tribunales fue el desarrollo de la ciencia forense a finales del siglo XIX. Dirigida por el médico francés Alexandre Lacassagne, una camarilla de expertos europeos fue pionera en muchas de las técnicas que se siguen utilizando hoy en día, como el análisis de huellas, el uso de marcas en una bala para relacionarla con un arma y reactivos químicos para ver si una mancha era un fluido biológico como semen o sangre.
Además de liberar a personas inocentes, las exoneraciones por ADN han proporcionado una especie de muestra central de lo que falla en nuestro sistema judicial
Estos avances se convirtieron en fundamentales en la justicia penal, e hicieron que los veredictos se basaran cada vez más en la ciencia. Lacassagne esperaba que la ciencia creciera como otros campos académicos, llevada a cabo en institutos afiliados a universidades. Pero en lugar de formar parte del sistema universitario, la ciencia forense se trasladó a los departamentos de policía y a los laboratorios gubernamentales. Allí, los investigadores se centraron en aplicaciones prácticas sin cuestionar las hipótesis subyacentes ni imponer el rigor practicado por los laboratorios científicos clásicos. Cuando técnicas como el emparejamiento de balas y el análisis de marcas de mordiscos dieron lugar a condenas falsas, los errores se consideraron anomalías y no señales de que la propia ciencia fuera errónea.
Eso cambió con la revolución del ADN de la década de 1990. A diferencia de las ciencias forenses anteriores, la tecnología del ADN surgió directamente de los laboratorios de universidades e institutos científicos, con todas las pruebas y controles estadísticos de la ciencia real. La tecnología permite a los científicos detectar determinadas secuencias de nuestro material genético que se dan con una frecuencia conocida en diversas poblaciones. Esto significa que los científicos pueden establecer con precisión estadística las probabilidades de que tu ADN coincida con una muestra de la escena de un crimen -normalmente del orden de una entre varios miles de millones-, algo que los forenses tradicionales no pueden hacer.
Para ver hasta qué punto la revolución del ADN afecta a las técnicas tradicionales de resolución de delitos, considera el patrón oro de las pruebas: las huellas dactilares. La Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. mantiene la mayor base de datos de huellas dactilares del mundo, con más de 70 millones de muestras en su archivo maestro de delincuentes, y utiliza algoritmos informáticos avanzados para ayudar a cotejarlas con las muestras recogidas en las escenas del crimen. Es un análisis muy sofisticado y de varios niveles. Al final, sin embargo, la identificación se reduce al simple juicio humano: una serie de expertos que observan los resultados. Estos juicios se ven comprometidos porque los expertos rara vez llegan a comparar conjuntos completos de huellas dactilares. La policía suele encontrar huellas parciales en la escena del crimen: una mancha o sólo una parte de una huella. Examinarán varios puntos de esos fragmentos y verán si coinciden con puntos similares de las huellas dactilares de un sospechoso. A diferencia de lo que ocurre con el ADN, nadie ha hecho el análisis estadístico para ver si más de una persona puede tener los mismos puntos de comparación.
El hecho de que el ADN fuera una ciencia probada y cuantificada lo convirtió en una herramienta fundamental para anular condenas erróneas: 321 sólo en EE.UU. desde 1992, cuando se puso en marcha el Proyecto Inocencia en la Universidad Yeshiva de Nueva York. También han surgido Proyectos Inocencia en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Holanda, Australia y Nueva Zelanda.
Además de liberar a personas inocentes, las exoneraciones por ADN han proporcionado una especie de muestra básica de lo que falla en nuestro sistema judicial. Si el ADN representa un hecho sólido y científico, las pruebas que contradice son, por definición, erróneas. En 2011, Brandon L Garrett, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia, ahondó en esa cuestión analizando miles de páginas de expedientes judiciales y transcripciones de tribunales de 220 de las entonces 250 exoneraciones. Descubrió que una abrumadora mayoría de las decisiones erróneas se debían a procedimientos científicos defectuosos, como errores de testigos oculares, procedimientos de laboratorio defectuosos y confesiones falsas.
Garrett no es un experto en la materia.
Garrett no es el único: muchos juristas utilizan los historiales de casos de la base de datos de exoneraciones por ADN para examinar los problemas sistémicos de nuestros departamentos de policía y tribunales. Constantemente descubren que la ley va muy por detrás de la ciencia. Como resultado, ciertas prácticas siguen aceptándose mucho después de su fecha de caducidad, tanto en la investigación de delitos como en los juicios.
Considera la investigación de los incendios provocados. Durante generaciones, sus predecesores, que basaban sus conocimientos en la experiencia práctica, enseñaron a los investigadores de incendios provocados, normalmente antiguos bomberos, a buscar los signos de un incendio provocado. Se desarrolló un cuerpo de conocimientos comunes, ninguno de los cuales estaba respaldado por la ciencia de laboratorio. Un ejemplo: las manchas oscuras en el suelo de un edificio quemado, o “patrones de derrame”, significaban que alguien había utilizado gasolina u otro acelerante para iniciar el fuego. Pero a partir de finales de la década de 1980, los científicos que llevaron a cabo extensas investigaciones de laboratorio descubrieron que el fuego se comportaba de forma diferente a lo que se pensaba. Los patrones de derrame tenían más que ver con la ventilación de un incendio en funcionamiento que con el líquido que pudiera haberlo iniciado.
En otras palabras, probablemente cientos de condenas se han basado en conclusiones incorrectas sobre incendios provocados. La más notoria fue la ejecución en 2004 en Texas de Cameron Todd Willingham por el asesinato provocado de sus tres hijas. Los expertos han determinado desde entonces que el incendio fue probablemente accidental o indeterminado en el mejor de los casos. Aunque los científicos están trabajando para que se produzca un cambio y han creado normas nacionales para la investigación, la mayoría de los investigadores siguen formándose a la antigua usanza.
las confesiones tienen un efecto dominó: una vez que un sospechoso admite haber cometido un delito, casi todas las demás pruebas cambian para apoyarlo
Otras ciencias defectuosas pueden influir en las investigaciones. La mayoría de las encuestas citan la identificación de testigos oculares como la causa más común de condenas erróneas, en gran parte porque se malinterpreta la ciencia de la memoria. Durante muchos años, la mayoría de la gente suponía que la memoria era como una cinta de vídeo: que cuando accedías a la memoria de alguien podías obtener una descripción bastante exacta de lo que había pasado, y que cuantas más veces accedieras a ella, más exacta sería la descripción. Los psicólogos comparan ahora la memoria con las pruebas de rastreo, fácilmente contaminables por el proceso de recogida, como la naturaleza de una rueda de reconocimiento o los comentarios casuales que pueda hacer un agente de policía. Cada vez que la policía vuelve a interrogar a un testigo o le felicita por haber identificado a un culpable, contamina un poco más ese recuerdo, al tiempo que hace que el testigo se sienta más seguro. Cuando el caso llega a juicio, el testigo puede estar absolutamente seguro y absolutamente equivocado, una combinación peligrosamente persuasiva para un jurado. El resultado han sido algunos casos notorios de falsa identificación en los que se ha encarcelado a personas durante décadas antes de ser finalmente liberadas gracias a las pruebas de ADN.
Los daños de la falsa identificación son muy graves.
El daño no termina con un solo error. Lo alarmante del uso de ciencia defectuosa durante las investigaciones es que un error engendra otros, llevando a los investigadores por el camino equivocado. Por ejemplo, en las dos últimas décadas, los psicólogos han aprendido que el persistente método de interrogatorio utilizado por la mayoría de la policía produce un cierto porcentaje de confesiones falsas. No es de extrañar: el método, llamado técnica Reid, se basa en la psicología de los años 50, que los científicos han demostrado que es intrínsecamente coercitiva. Pero una vez que un sospechoso confiesa, puede producirse una cascada de malas decisiones, según Saul Kassin, que lleva más de 35 años investigando las confesiones falsas. Kassin, profesor de psicología en el John Jay College de Nueva York y en el Williams College de Massachusetts, ha descubierto que las confesiones tienen un efecto dominó: una vez que un sospechoso admite haber cometido un delito, casi todas las demás pruebas cambian para apoyarlo, desde las coartadas hasta la interpretación de las pruebas físicas. Ni siquiera retractarse de la confesión puede poner las cosas en su sitio.
Eso es lo que ocurrió en el caso de Rivera, cuya confesión coaccionada fue lo suficientemente poderosa como para disuadir a un jurado de aceptar las pruebas de ADN. Otro caso es el de Michael Ledford, residente en Virginia acusado de provocar un incendio que hirió a su esposa y mató a su hijo de un año. En un principio, los investigadores clasificaron el incendio como de origen “indeterminado” porque no pudieron encontrar pruebas que justificaran que fuera provocado. Un mes después, Ledford confesó tras un exhaustivo interrogatorio posterior a un turno nocturno en su lugar de trabajo, en el que le dijeron falsamente que había suspendido un examen de polígrafo. (A diferencia de sus homólogos en el Reino Unido y Canadá, a la policía estadounidense se le permite mentir durante los interrogatorios). Sólo después de esa confesión los investigadores volvieron a clasificar el incendio y consiguieron encontrar pruebas que corroboraban que había sido provocado. Podría decirse que la confesión permitió a los investigadores mejorar su trabajo, pero los expertos en incendios contratados por la defensa afirman que se trató de un caso clásico de confesión que distorsiona la labor forense. Ledford fue declarado culpable y cumple una condena de 50 años.
Una parte importante del proceso científico consiste en reconocer los prejuicios humanos y evitar que afecten a los resultados. Por ese motivo, los científicos utilizan estudios doble ciego. Cuando se evalúa un fármaco para ensayos clínicos, ni los médicos ni el paciente saben a quién se le ha administrado el fármaco experimental y a quién el placebo. Sólo después de concluido el experimento se desenmascara a los científicos. De este modo, sus deseos no pueden influir en sus conclusiones.
No ocurre lo mismo con la profesión jurídica, que acumula prejuicios a cada paso. La mayoría de los policías, cuando muestran una rueda de reconocimiento a un testigo, saben qué cara pertenece al sospechoso. Los estudios han demostrado que ese simple conocimiento puede llevar a un agente a influir inconscientemente en el testigo, quien, a su vez, puede elegir al sospechoso preferido, que podría no ser el autor del delito.
Itiel Dror, psicólogo cognitivo del University College de Londres, ha demostrado que el conocimiento de un caso puede influir incluso en los expertos en huellas dactilares. En un conocido estudio realizado en 2005, Dror y sus colegas reclutaron a cinco expertos en huellas dactilares del Reino Unido con una experiencia combinada de 85 años. Mostró a los expertos dos conjuntos de huellas que cada uno de ellos había cotejado en casos reales cinco años antes. Luego les jugó una mala pasada: en lugar de decirles de dónde procedían realmente las huellas, les dijo que procedían de un conocido caso de coincidencia errónea de huellas dactilares. Tras examinar las huellas, tres de los expertos declararon que las huellas no coincidían, invirtiendo sus propios juicios de varios años antes. Un experto no pudo decidirse, y sólo uno se mantuvo firme en su postura anterior. Dror concluyó que incluso los expertos en huellas dactilares eran vulnerables a “influencias contextuales irrelevantes y engañosas”.
Una vez que la ciencia defectuosa entra en el sistema jurídico, es raro que el sistema la elimine; pues, aunque la ciencia tiene mecanismos de autocorrección en cada paso del proceso, el sistema jurídico tiene pocos. El mecanismo más notable de este tipo en EEUU es la norma Daubert, una decisión del Tribunal Supremo de 1993 que se supone que impone normas rigurosas para la ciencia en los tribunales. Esta decisión otorga a los jueces un papel de guardianes: asegurarse de que cualquier prueba o testimonio pericial se somete a un control de fiabilidad científica. En otras palabras, la ciencia no puede ser simplemente aceptada de forma generalizada, sino que debe haber sido revisada por expertos y evaluada con una tasa de error cuantificada.
Muchos jueces consideran que carecen de formación científica para rebatir a los expertos del gobierno
“Cuando un técnico forense dice: “Lo reconozco cuando lo veo”, el juez debería decir: “Un momento, ¿eso es todo lo que tienes?”‘, dice David Faigman, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. ‘Tienes que articular al menos las variables.’
Eso no ha ocurrido, principalmente porque los abogados defensores rara vez cuestionan la ciencia forense. Esos abogados suelen representar a gente pobre, por lo que no tienen dinero para contratar a sus propios expertos. En cambio, los abogados de los juicios civiles, que pueden ganar mucho dinero, sí lo tienen.
Aún así, los jueces no deberían depender de los abogados defensores para descartar la ciencia débil. Según la norma Daubert, los jueces pueden, y deben, cuestionar las pruebas. Pero muchos jueces consideran que carecen de la formación científica necesaria para rebatir a los expertos del gobierno. En consecuencia, recurren a las lecciones aprendidas en la facultad de Derecho: en caso de duda, recurre a los precedentes. Pero los precedentes, como la ciencia antigua, pueden estar equivocados. En un caso notable, el juez de un tribunal de distrito de Denver coincidió con el abogado defensor en que la comparación de huellas dactilares latentes no cumple las normas científicas porque no tiene tasa de error estadístico. Sin embargo, el juez admitió la prueba de todos modos. Después de todo, escribió el juez, las huellas dactilares se habían utilizado “en todo el mundo durante casi un siglo”. Es el tipo de razonamiento que justifica el derramamiento de sangre.
Está el jurado, nuestro tradicional árbitro de la verdad basado en el sentido común. Jueces y abogados creen casi religiosamente en el sistema acusatorio, en el que dos abogados se enfrentan ante el jurado y prevalece el buen juicio. Sin embargo, esto tampoco supera la prueba de la ciencia. El sistema de jurado se diseñó hace siglos, cuando el conocimiento común podía resolver casi cualquier caso que se presentara. El mundo se ha vuelto más complicado desde entonces.
Además, el sistema acusatorio -en el que una parte tiene razón y la otra no- obliga a los peritos a “rigidizar” sus opiniones, en palabras de Susan Haack, jurista de la Universidad de Miami. Es más probable que los peritos digan que están seguros al 100% que que presenten una conclusión matizada o basada en números. Intimidados por este proceso, los jurados se apoyan a veces en su intuición, influidos por la confianza de los testigos oculares y la conducta de los expertos. “Parecía culpable” es el estribillo habitual de los jurados que se sienten confundidos por las pruebas científicas.
“Aquí no hay villano”, dice Jennifer Mnookin, profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Se trata más bien de un problema del sistema, cuando hay abogados defensores sin fondos suficientes, fiscales celosos y jueces que se refugian en lo familiar y seguro. Todo ello da lugar a un sistema que no es muy bueno para la autorreflexión ni para el cambio”.
A diferencia de sus colegas de EE.UU., la policía británica ya no presiona para obtener confesiones, que considera intrínsecamente poco fiables
Afortunadamente, ha habido avances. Este verano, el FBI y otras agencias federales estadounidenses adoptaron la política de grabar electrónicamente todos los interrogatorios, una medida que sin duda reducirá el número de interrogatorios coercitivos y confesiones falsas. Muchas fuerzas policiales de EEUU han modificado sus procedimientos de rueda de reconocimiento para ajustarlos a la ciencia psicológica moderna, haciéndolos menos propensos a contaminar la memoria de los testigos oculares. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha creado una comisión nacional para reunir a grupos de expertos en políticas con el fin de averiguar exactamente qué prácticas tienen base científica y cómo hacer que la tengan más. También están examinando los sesgos humanos, como la visión de túnel (ver las cosas de una sola manera) y el sesgo de confirmación (en el que seleccionas pruebas para confirmar lo que ya piensas) que influyen en los resultados supuestamente objetivos de los laboratorios. Otros países han adoptado medidas similares.
El Reino Unido ha dado un paso más audaz. El Ministerio del Interior británico, afectado por varios escándalos de confesiones falsas en la década de 1990, organizó un comité de psicólogos, abogados y policías para rehacer por completo sus procedimientos de interrogatorio y adaptarlos a la psicología cognitiva moderna. El nuevo proceso eliminó los interrogatorios acusatorios al estilo estadounidense y los sustituyó por entrevistas que se asemejan más a la investigación periodística de los hechos. A diferencia de sus colegas estadounidenses, la policía británica ya no exige confesiones, que considera poco fiables por naturaleza.
El progreso también está llegando a los tribunales. En el estado norteamericano de Texas, que lidera el país tanto en ejecuciones como en exoneraciones, los legisladores han aprobado un “auto de ciencia basura” que permite recurrir una condena si se demuestra que se basó en una ciencia obsoleta. Esta ley salvó la vida de Robert Avila, cuya ejecución estaba prevista el pasado enero por matar a pisotones a un niño de 19 meses al que cuidaba. Durante el juicio de Avila en 2001, los expertos médicos declararon que las lesiones del niño no podían haber sido causadas por su hermano de cuatro años, que había estado luchando con él en la habitación contigua. Desde entonces, la ciencia de la biomecánica ha evolucionado: el año pasado, los peritos demostraron que la caída de un niño de 18 kilos sobre el pequeño podría haber causado efectivamente las lesiones que mataron al pequeño. El caso de Ávila está pendiente de apelación.
Pero esos cambios son poco sistemáticos y no abordan los cismas fundamentales entre la ciencia y la ley. En EE.UU., un grupo de juristas espera solucionarlo, tomando prestada una idea de sectores basados en la ciencia, como la aviación y la medicina. La idea es abordar las injusticias como errores del sistema, en lugar de excepciones puntuales a la norma o errores individuales. Según James Doyle, el abogado de Boston que desarrolló la idea, un análisis sistémico del caso Rivera examinaría cómo la presión de la comunidad, la visión de túnel de la policía, la formación defectuosa en los interrogatorios, la laxitud del juez y una serie de otros factores permitieron que la mala ciencia se abriera camino a través del sistema y condenara a un hombre inocente.
La idea es que las injusticias se aborden como errores del sistema, y no como excepciones puntuales a la regla o errores individuales.
Varios países están examinando un novedoso método australiano de examinar la ciencia en los tribunales, denominado “hot tubbing” o “pruebas concurrentes”. En lugar de enfrentar a un experto científico contra otro, el juez sienta a todos los expertos juntos, donde presentan sus análisis, se cuestionan mutuamente y, finalmente, llegan a un consenso. En lugar de un campo de batalla, el proceso se asemeja a un debate científico.
Nada de esto quiere decir que nuestro sistema jurídico sea hostil a los procedimientos científicos. De hecho, sabemos tanto como sabemos hoy sobre las condenas falsas porque las pruebas se han vuelto más científicas, no menos. Pero cuanto más podamos mezclar las dos culturas llevando la ciencia a las comisarías y los tribunales -no sólo con técnicas específicas, sino con los principios básicos del método científico-, más justo será nuestro sistema jurídico.
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Es profesor de periodismo en la Universidad de Boston, donde es codirector del Centro de Periodismo Médico y Científico. Su último libro es El asesino de pastorcillos (2010).
